El Ejecutivo Nacional intenta reflotar un proyecto que no prosperó en el Presupuesto 2026. De avanzar la iniciativa, los usuarios de Mercedes y de ciudades vecinas perderían los beneficios actuales, sufriendo un fuerte impacto en las facturas.
Tras el rechazo del capítulo XI del Presupuesto 2026 en el Congreso a finales del año pasado, el Gobierno de Javier Milei analiza retomar la iniciativa para modificar drásticamente el régimen de Zona Fría. Este sistema es el que permite subsidiar el consumo de gas natural a millones de hogares que residen en zonas de bajas temperaturas, incluyendo a gran parte de la provincia de Buenos Aires.
Un cambio en las reglas de juego
El plan oficial consiste en derogar la ampliación del régimen sancionada en 2021. En términos prácticos, esto significaría volver al esquema original del año 2002 (Ley 25.565), el cual limitaba el beneficio únicamente a unos 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe.
Si esta medida se concreta, Mercedes quedaría excluida del beneficio, al igual que otros 90 municipios bonaerenses que hoy integran el mapa de la Zona Fría. La quita del subsidio representaría un golpe directo al bolsillo de los vecinos, quienes dejarían de percibir los descuentos actuales.
El impacto en números
Hoy en día, el régimen garantiza descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas. El beneficio alcanza a más de 1,2 millones de usuarios en territorio bonaerense, incluyendo a jubilados, beneficiarios de la AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo y electrodependientes, quienes acceden a la tarifa social más protegida.
Desde el Gobierno nacional argumentan que la actual cobertura —que llega a 4 millones de hogares en todo el país— impacta sobre las finanzas públicas, especialmente en un contexto internacional de inestabilidad en los precios del petróleo y el gas debido a los conflictos en Oriente Medio.
Debate político en puerta
La intención de avanzar con este recorte promete abrir un nuevo frente de conflicto con los gobernadores, dado que el beneficio abarca actualmente a municipios de quince provincias. Para los mercedinos y los habitantes de localidades cercanas, la preocupación radica en la magnitud del aumento que deberán afrontar en sus facturas de cara a los meses de mayor consumo, si finalmente se da marcha atrás con la normativa vigente.
