La situación patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, generó un fuerte cortocircuito interno en la cúpula del Gobierno Nacional. Mientras la senadora Patricia Bullrich lo intimó públicamente a presentar de inmediato la documentación que aclare las sospechas de enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei ratificó al funcionario desde Estados Unidos, calificándolo como una «persona honesta».
El reclamo de Bullrich
En declaraciones a la señal A24, Bullrich marcó una postura tajante respecto a las inconsistencias que investiga la Justicia sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete. “Creo que tiene que presentar su declaración jurada de inmediato”, sostuvo la senadora, subrayando que solo con las pruebas se determinará si el funcionario puede justificar el origen de los fondos para la compra de propiedades y viajes realizados en los últimos dos años y medio.
Desde el entorno de Bullrich sugirieron que sus palabras reflejan un malestar compartido por otros miembros del equipo de gobierno, quienes observan con preocupación el avance de la causa judicial.
La respuesta de Milei
Pocas horas después, el presidente Javier Milei intervino telefónicamente desde Estados Unidos para desactivar la presión sobre su ministro. En diálogo con Luis Majul, el mandatario fue contundente: “No voy a ejecutar a una persona honesta”.
Milei aseguró que Adorni presentará los números de sus operaciones, aunque evitó dar plazos inmediatos, contradiciendo el pedido de la senadora. Además, el Presidente apuntó contra la prensa y sectores críticos:
“El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va. He protegido a mis colaboradores cuando son honestos y no voy a cambiar”.
La causa judicial
La presión sobre el Jefe de Gabinete se intensificó tras la declaración del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El testigo afirmó haber recibido US$ 245.000 por refacciones en una propiedad de Adorni en el Country Indio Cuá, cifra que, según la investigación, no guardaría relación con los ingresos declarados por el funcionario.
El caso continúa bajo la lupa de la Justicia, mientras la interna política parece haberse instalado definitivamente en el seno del poder libertario.
