La comunidad educativa de Mercedes atraviesa horas de profunda angustia. Lo que inicialmente se percibió como hechos aislados se ha transformado en una seguidilla de amenazas de tiroteos que ya alcanza a prácticamente todos los establecimientos de la ciudad. Ante la gravedad del escenario, la Justicia penal avanza con celeridad y se han endurecido las medidas de control en los ingresos a las aulas. En la provincia de Buenos Aires se registraron más de 1.000 denuncias.
Allanamientos y secuestro de equipos en Mercedes
Durante la noche de este martes, efectivos policiales y personal del área de Seguridad local llevaron adelante un segundo allanamiento en el domicilio de un alumno de la Escuela N° 15. Según confirmaron fuentes investigativas a este medio, se secuestró un teléfono iPhone que será peritado para determinar su vinculación con los mensajes intimidatorios.
Este operativo se suma al realizado el pasado 13 de abril en la zona oeste, tras una denuncia de la directora de la Escuela Normal, donde se incautaron tres notebooks y cuatro celulares pertenecientes a un adolescente de 16 años, quien ya quedó imputado en la causa por intimidación pública.
Medidas drásticas en las escuelas
En instituciones como el Colegio Parroquial, se dispuso que a partir de este miércoles los alumnos asistan con sus útiles en la mano o en bolsas transparentes, prohibiendo el uso de mochilas convencionales para facilitar el control de seguridad.
Para este jueves, se espera una reunión interdisciplinaria clave entre el Municipio, autoridades educativas, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial para definir un protocolo de actuación unificado en todo el distrito.
El costo de las amenazas: la Provincia cobrará los operativos
A nivel provincial, la situación es crítica: ya se radicaron cerca de 1.000 denuncias por pintadas y amenazas en redes sociales. El Ministerio Público Fiscal informó que solo en La Matanza hubo 200 casos, mientras que en Moreno se registraron 70.
La respuesta judicial ha sido contundente:
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Embargos: En el Departamento Judicial de Moreno – General Rodríguez, la fiscal Alejandra Piqué solicitó embargos para los padres de los alumnos identificados.
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Costos de operativos: En Mar del Plata y otras jurisdicciones, la Justicia dispuso que los progenitores deberán afrontar los gastos de los despliegues policiales e investigaciones.
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Referencia económica: En provincias como Santa Fe, se calcula que cada operativo de seguridad en una escuela cuesta entre 5 y 6 millones de pesos, monto que ahora se busca trasladar a los responsables legales de los menores.
Hasta el momento, en Mercedes no se han registrado situaciones de violencia física, pero el clima de tensión persiste. Las autoridades remarcan que estos actos, aunque sean realizados por menores, constituyen delitos penales con consecuencias directas para sus familias.
