La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía imputó a 95 empresas por haber incluido en las facturas tasas o cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor. Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones. La distribuidora Eden, encargada de la energía en Mercedes y la región, está dentro de las apercibidas.
Las actuaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos.
Al respecto, hablamos con el secretario de Economía de la Municipalidad de Mercedes, doctor David Valerga, quien en medio del trabajo de preparación del Presupuesto 2025, explicó que el acuerdo entre empresa y gobierno es provincial. Nada tiene que ver la nación en este caso. «Hay una ley de más de 20 años que lo avala».
El funcionario salió a defender a la empresa de luz en esta situación que viene de hace años -Gioscio era el intendente-, de todas maneras, reconoció que a la empresa no le debe hacer ninguna gracia ser imputada por el gobierno encabezado por Javier Milei, es un intento de «desfinanciar a los municipios».
«El gobierno como no puedo frenarlo porque la justicia falló a favor de los municipios, ahora van por las cooperativas y las empresas del interior, en este caso, Eden. Quieren sancionar a las empresas por incumplir esta resolución que es anticonstitucional porque viola la autonomía municipal y provincial,» adujo Valerga.
El Gobierno imputó a 95 empresas de todo el país por haber incluido tasas de manera indebida en las facturas de servicios públicos de electricidad, agua o gas e incumplir una resolución oficial firmada en octubre.
La medida fue tomada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía y se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones. Se trata de uno por cada localidad donde las empresas incumplieron la norma.
Las imputaciones corresponden a facturas con vencimiento posterior al 11 de octubre, cuando entró en vigencia la resolución 267/2024, que determinó la prohibición de incluir en las facturas conceptos indebidos.
Las compañías tendrán cinco días hábiles para hacer su descargo y, una vez que se cumpla ese plazo, serán plausibles de ser sancionadas con multas que alcanzan hasta los $2130 millones.
Entre las empresas imputadas hay compañías de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Misiones, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Chaco, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio informaron este lunes que la autoridad de aplicación continuará con la instrucción de sumarios para los próximos vencimientos de noviembre y diciembre.
Escuchá la entrevista completa a David Valerga:
