Semanas atrás se elevó a la justicia de Mercedes una denuncia por parte del actual intendente de Suipacha, Juan Luis Mancini, donde deja expuesto al ex alcalde Alejandro Federico, de la Alianza Cambiemos, por la cesión de terrenos en Zona Industrial, donde se habrían violado toda legislación vigente, donde figuran como realizadas obras que no existen y que fueron sobrevendidos, en lo que podría entenderse a precio vil o irrisorio: 11 terrenos a 24 compradores diferentes.
En julio de 2023, el gobierno de Alejandro Federico había elevado un proyecto de ordenanza mediante el cual se propiciaba la venta de terrenos ubicados en la zona industrial mixta de la ciudad de Suipacha.
Allí se daba cuenta de la división en 11 lotes con servicio de energía eléctrica, con plano visado por la oficina de Catastro Municipal y firmado por la entonces secretaria de Obras Públicas municipal. Pero esos lotes luego, sin ningún tipo de respaldo que lo previera fueron vendidos por parte de la Municipalidad de Suipacha a 24 compradores.
En los boletos de compraventa emitidos, la Municipalidad vendió los lotes ofreciendo provisión de energía eléctrica, aunque en los hechos dicha provisión no existe, ni está presupuestada, ni cuenta con ejecución financiera. Al no figurar restricciones en los planos, estos servicios aparecen como existentes en los mismos, aprobados oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y ARBA para la subdivisión.
Además, se ofreció a los compradores la posibilidad de adquirir el terreno a un diez por ciento (10%) de un valor fijado mediante una tasación irregular, ya que la realizó un tasador privado y no un ente oficial, por ejemplo el Banco Provincia, como lo indica la Ley Orgánica de las Municipalidades y, además, en cuotas.
Post PASO, se sobrevenden los terrenos
La multiplicación de compradores de esos 11 lotes se dio luego de las elecciones PASO de agosto de 2023, donde Mancini se impuso y ya se perfilaba para hacerse cargo del municipio.
“De los boletos de compraventa adjuntos, no se han encontrado fundamentos jurídicos y/o empíricos que justifiquen por qué, en algunos casos, se vendieron porcentajes de parcelas y, en otros, unidades funcionales. Esto genera derechos y obligaciones diferentes para las partes adquirentes, incluyendo la posibilidad de que los requisitos de zonificación impidan el uso específico para el desarrollo de los proyectos productivos”, se explica en la denuncia a la cual se puso acceder en los Tribunales mercedinos.
Lo que llama poderosamente la atención es que, mientras que el Intendente Municipal y la Secretaría de Obras Públicas establecían una nueva ordenanza de zonificación (2022) que, como también indica la ley provincial, indica que los lotes en esta zona debían ser de un mínimo de 2.000 M2, el Intendente Municipal y la Secretaría de Producción ofrecía terrenos de 1.100 M2 primero y de 700 M2 después en el apuro post paso 2023.
Resulta irrisorio que ni el intendente ni la Secretaria de Gobierno y Control de Gestión hayan recabado en esta incompatibilidad expresa entre lo que hicieron dos áreas municipales, lo que agranda la sospecha de que lo hecho fue en pleno conocimiento y frente al apuro electoral.
“Es escandaloso lo mal que hicieron las cosas. En la campaña del 2015 el ex intendente tenía como propuesta el desarrollo de ese sector industrial. Tardó 7 años en empezarlo y con un resultado pésimo, negligente y que compromete seriamente al Estado Municipal. Hacerlo bien era más fácil, no se entienden desde la buena fe y el bien común lo que hicieron. Desde que asumimos la gestión lidiamos con diferentes juicios de vecinos contra la municipalidad por sucesos entre el 2016 y 2019, que representan un perjuicio al Estado local, y como es sabido recibimos una municipalidad a la que no le sobra nada. Este despropósito, intencional o por ineptitud, representa erogaciones imposibles de afrontar y/o nuevas demandas contra la municipalidad” sostienen desde el actual ejecutivo local.
Varios delitos en juego
Por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), cohecho (art. 256 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP) es que la denuncia ingresó a la justicia mercedina.
Hoy la denuncia está sindicada en la Unidad Fiscal N 1 y la causa está empezando a avanzar para determinar qué sucedió realmente con esta insólita situación que haya 24 compradores para 11 lotes en el Sector Industrial, que ninguno de ellos pueda escriturar y demás vicios administrativos que se investigan.