Desde la Municipalidad de Mercedes salieron al cruce de una publicación del medio RealPolitik, calificándola como «información falsa y malintencionada». Según explicaron las autoridades locales, la nota en cuestión intenta vincular de manera errónea la compra de alimentos con prácticas clientelares, tergiversando un informe del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Cuentas aprobadas y transparencia
El secretario de Economía, doctor David Valerga, fue tajante al respecto: “La rendición de cuentas del Municipio de Mercedes fue aprobada en su totalidad por el Tribunal de Cuentas”. El funcionario aclaró que el propio organismo fiscalizador dejó constancia de que la mercadería fue entregada y recibida correctamente, sin ningún tipo de perjuicio para el erario público.
Respecto a las observaciones técnicas, Valerga señaló que se trata de cuestiones meramente formales:
“La observación del Tribunal refiere exclusivamente a un aspecto formal del procedimiento administrativo, vinculado a la carga de partidas al inicio del ejercicio; algo habitual en la gestión pública”.
Incluso, el secretario —quien encabeza la cartera económica junto a Ignacio Buzzalino— destacó un dato positivo del informe: “Lo curioso es que el ente nos observa un ‘desequilibrio positivo’, lo que confirma una administración con gasto eficiente”.
El origen de los fondos
Por su parte, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Lic. Jorgelina Silva, brindó detalles sobre los recursos cuestionados. Explicó que los fondos provienen de programas alimentarios de la gestión nacional anterior (2023), ejecutados administrativamente a principios de 2024.
“Se trata de alimentos destinados a comedores y merenderos que funcionan diariamente en nuestros barrios. Vincular esta política con la idea de ‘compra de militantes’ es una falta de respeto hacia quienes sostienen esos espacios y hacia las familias que los necesitan”, remarcó Silva.
Programas discontinuados
Desde la Comuna subrayaron que, tras la asunción de Javier Milei, estos programas nacionales fueron discontinuados, afectando el envío de suministros y fondos a todos los municipios del país.
En síntesis, el Ejecutivo local reafirmó que tanto la compra como la entrega de alimentos fueron totalmente regulares, ejecutadas bajo normativa y aprobadas por los organismos de control, desestimando cualquier sospecha sobre su destino final.
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