Por: Marcelo Melo
¿Todos sentiremos vergüenza cuando nuestros apellidos son ensuciados?
Algunos, tienen la posibilidad que ese apellido se haya limpiado luego de un fallo ejemplar si participa la justicia. Otros, quizás zafen, y aún habiendo salido indemnes, les quede la culpa.
Pero también existe la posibilidad que ensucien un apellido, y tras ir a la justicia, la condena sea firme. Con posibilidades, ciertamente, de una apelación. Pero que un tribunal condene a alguien, más allá de lo que le corresponda como pena, el enjuiciado debe cargar seguramente con un peso grande sobre sus hombros. Sobre todo en comunidades más pequeñas. Dónde todo se sabe. Y sino, se inventa.
Otros, ensucian su apellido a cambio de quién sabe qué. ¿Tiene un valor ensuciar el apellido?
Pero… ¿cómo podrá sobrellevar una sentencia de culpabilidad una persona que además de conocer de derecho y ser uno de los resortes de la justicia en los enjuiciamientos de ciertos acciones u omisiones por parte de la sociedad -y ser a la vez, quién represente la investigación- sea el juzgado y condenado?
Por ejemplo, por lo que debe atravesar ahora el ex fiscal Juan Ignacio Bidone.
Según el propio Ministerio Público Fiscal, el rol del fiscal en el nuevo sistema acusatorio asegura una división de roles entre jueces y fiscales. La investigación de los delitos quedará a cargo del fiscal y será quien promueva la acción penal contra los autores y partícipes de un suceso, que luego deberá ser probado en un juicio oral y público.
El juez garantizará que se cumpla la ley durante el procedimiento penal. Además de controlar que se respeten las garantías constitucionales.
La condena social seguramente debe ser mucho más pesada. Algo así se habló durante el juicio en el que se dio a conocer la sentencia a Bidone. Que pesaba la condena social. Como también deben haber sentido algo similar a la vergüenza, sus colegas, y quienes están/estaban por encima de Bidone cuando se conoció el veredicto en primera instancia.
Seguramente ha sido inversamente proporcional los que se sintieron apuntados por el dedo del ex fiscal sin merecerlo, o a haber llevado a juicio causas que no tienen ni pies ni cabeza. “No debí compartirle le información que le compartí” a D’Alessio, dijo Bidone en medio del juicio. A modo de reconocimiento de una parte de su error que lo llevó a ser condenado por ser participe necesario de una extorsión. ¿Habrá pensado lo mismo de cuando compartía información con algunos medios mercedinos, como por ejemplo El Nuevo Cronista, en el que se jactaba de su trabajo de llevar a juicio una causa desestimada por jueces de manera firme?
Cuando publicamos la noticia de la sentencia, dijimos que la justicia mercedina estaba en el banquillo. Y fue condenada. No era un fiscal cualquiera. Bidone era en muchos casos la cara de la justicia mercedina. Era uno que contaba con muchas más herramientas de lo que contaba el resto de los fiscales. ¿Y quiénes trabajaban con él? ¿Quiénes acompañaban sus formas de investigación? Sin lugar a dudas también quedan salpicados socialmente. Por más que la justicia no los haya sentado en el banquillo como al hombre al que seguían. Conocedores del derecho, lógicamente, dejando de lado a los empleados.
La relación del ex fiscal con el poder político de entonces era periódica y amistosa. Las visitas entre el entonces intendente y el ex fiscal eran aceitadas. Hay quienes aseguran que tanto como antes se le acercaban al verlo por la calle, ahora cruzan de vereda. Políticos y profesionales de la justicia. Hay quienes aún se preguntan por ciertas causas con mucha difusión por entonces, por las que nunca se supo más nada.
Los lujos, viajes y muestras de su poder son directamente relacionados con los datos que justamente compartía Bidone con D´Alessio. ¿Los valieron?
Sentencia
Marcelo Sebastián D’Alessio, que está en el penal de Ezeiza por otra causa que se tramita en Dolores, fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa que se le sigue al falso abogado por el intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante, a quien le había pedido una suma de dinero para que no quedara incriminado en una causa penal conocida como la “mafia de los contenedores”. El suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone fue condenado a 3 años y 8 meses. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el 20 de septiembre a las 15 horas. La condena del fiscal Bidone fue similar: 3 años y 8 meses, por considerarlo partícipe necesario de la maniobra. A su vez, le decretaron la inhabilitación especial por el plazo de 4 años.
El falso abogado dijo este lunes que “la condena mediática parece superar el principio de inocencia”, al hacer uso de sus últimas palabras. “Si es que existe esa trillada grieta, me dejaron bien en el medio”, dijo ante el tribunal que lo juzga, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori.
Pero no logró evitar la condena.
El intento de extorsión sobre Traficante se extendió entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2016, cuando el empresario denunció la maniobra del falso abogado. La causa tramitó en los tribunales de Comodoro Py en manos del juez Luis Rodríguez. El falso abogado declaró de manera virtual, detenido desde el penal de Ezeiza desde hace dos años.
La extorsión
D’Alessio le hizo saber a un amigo de Traficante que tenía un “problema grave” y lo citó en su casa del country. Allí le dijo que estaba involucrado en la causa de la mafia de los contenedores y que tenía que borrar los registros de llamados entrantes y salientes a su celular para no terminar preso. Para eso, nada mejor que él: se presentó como el director de Observaciones Judiciales de la AFI. La OJ u Ojota era como se conocía a la oficina de escuchas de la exSecretaría de Inteligencia (SI). Para entonces, ya no era más una dependencia de los servicios, sino que estaba bajo control de la Corte Suprema, pero, a los efectos de la extorsión, servía.
En ese momento, empezó el alarde de D’Alessio. Sacó su computadora y comenzó a mostrarle a Traficante información que no tendría una persona normal, según declaró el denunciante ante los integrantes del TOF 2. En ese momento, le pidió 80.000 dólares para el borrado de las llamadas que supuestamente lo incriminaban.
Las comunicaciones siguieron. Según dijo Traficante, al día siguiente lo convocó a una reunión frente al Departamento Central de Policía. La defensa de D’Alessio niega ese encuentro. No sólo se trataba de plata para borrar evidencia, sino que también empezó a mostrarse como un gestor para evitar la publicación de notas en el diario Clarín, concretamente en manos del periodista Daniel Santoro, que fue procesado en la causa pero, después de una intervención de la Cámara Federal, consiguió un sobreseimiento.
D’Alessio se comunicó con los amigos de Traficante para usarlos como “interlocutores válidos”. A uno de ellos lo recibió en el edificio Las Toscas, en la oficina 320, a la que llamaba “el búnker”. Gabriel Garcés salió de ese encuentro con pánico: D’Alessio le dijo que Traficante no iba a tener que pagar 80.000 dólares, sino diez veces más, o terminaban presos él y su esposa. En la oficina estaban Barreiro con otros hombres y un escritorio lleno de armas.
Traficante grabó la última comunicación con D’Alessio. Allí, el falso abogado trató, por un lado, de minimizar la amenaza que le había lanzado a Garcés y, por otro, hizo el reclamo de dinero para supuestamente maniobrar en la justicia. “Seis gambas”, le pidió a su interlocutor. Estaba hablando de 600.000 dólares. Como Traficante le decía que no tenía el dinero, que iba a tener que vender alguna propiedad, D’Alessio se apuró a cerrar el trámite: le dijo que él ponía 200.000 dólares como “préstamo a tasa cero”.
El falso abogado Marcelo D’Alessio dijo este lunes que “la condena mediática parece superar el principio de inocencia”, al hacer uso de sus últimas palabras en el juicio que se le sigue por extorsión a un empresario.
“Si es que existe esa trillada grieta, me dejaron bien en el medio”, dijo el falso abogado ante el tribunal que lo juzga, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori.
D’Alessio, más el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Álvarez y Rolando Barreiro, son juzgados desde el 8 de marzo último en una causa que investigó un supuesto intento de extorsión al despachante de Aduanas Gabriel Traficante para no involucrarlo en la llamada «mafia de los contenedores» y evitarle un «escrache mediático», en noviembre de 2016.
Con numerosas referencias a sus hijos y su esposa, D’Alessio insistió: “Gabriel (Traficante) supo en todo momento que yo no lo extorsioné. Traficante vino a buscar un servicio porque estaba en pánico”.
“Con independencia de la formulación probatoria falaz (del fiscal Diego Luciani), confío que el criterio se ajustará a lo correcto y yo sé que no siempre lo correcto es lo conveniente”, desafió D’Alessio desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido.
Bidone también hizo uso del derecho a unas últimas palabras ante el tribunal y pidió a los jueces que “como hombres de derecho no tomen a la ligera la decisión que van a tomar”, respecto del pedido de pena de la fiscalía de 4 años y 8 meses.
Sin embargo, el fiscal suspendido reconoció: “No debí compartirle le información que le compartí” a D’Alessio.
Los agentes de inteligencia también se dirigieron a los miembros del Tribunal Oral Federal 2.
Barreiro sostuvo: «No me arrepiento de nada”; mientras que Álvarez insistió: “Yo no tengo nada que ver” con el delito que está siendo juzgado.
Traficante conocía a D’Alessio del country Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, donde ambos vivían, y allí tuvo lugar la primera de las reuniones donde el ahora detenido abogado le pidió dinero para desligarlo de la investigación de la «mafia de los contenedores».
Días atrás, un abogado, apenas conocida la sentencia se preguntaba: ¿Cuánto cuesta dejar que se ensucie un apellido?
Cada uno tendrá su respuesta.
