La provincia de Buenos Aires enfrenta una catástrofe hídrica con más de cinco millones de hectáreas bajo el agua, pérdidas estimadas en $2.400 millones de dólares, y un clima de creciente desesperación entre los productores rurales. En el centro del conflicto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció que el gobierno de Javier Milei paralizó el crucial Plan Maestro de la Cuenca del Salado, una «política de Estado» que avanzó ininterrumpidamente desde 1997.
Katopodis fue enfático: «La Nación paralizó los trabajos… como ocurrió con más de 2.300 obras públicas en todo el país». Esta suspensión no solo detuvo la etapa 2 del tramo 4 —que tenía financiamiento— sino que bloqueó la gestión de un crédito internacional clave para el tramo 5, prolongando la interrupción por casi dos años. El ministro advirtió que la falta de inversión y planificación multiplicará los daños.
Mientras la disputa escala a nivel provincial y nacional, en localidades como Bragado la situación es límite. Productores rurales, con el agua al cuello, acusan al municipio de tres años de inacción durante la sequía, cuando las obras eran viables. La productora Paulina Bordeu lamentó que los animales mueren y los caminos son intransitables, mientras se les cobra una Tasa Vial millonaria y sin contraprestación. Ante la falta de respuestas, los vecinos enviaron cartas documento y evalúan una «rebelión fiscal». La urgencia es clara: sin obras como el Plan del Salado, los daños económicos y ambientales serán «irreparables».
