Luego de un mes de incertidumbre y tensiones entre el gremio y el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano finalmente homologó sin cambios el acuerdo salarial para los empleados de comercio. La resolución representa un respaldo a la gestión de Armando Cavalieri (FAECYS), ya que el Ejecutivo validó el esquema de financiamiento sindical que pretendía modificar originalmente.
Detalles del incremento salarial
El acuerdo establece un aumento del 5% sobre las escalas básicas de marzo de 2026. Según lo pactado entre la federación y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA), el cronograma de pagos se dividirá de la siguiente manera:
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Abril: 2%
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Mayo: 1,5%
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Junio: 1,5%
Además del porcentaje mencionado, se oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $120.000 para todas las categorías del convenio.
El conflicto por la «cuota solidaria»
Uno de los puntos más ríspidos de la negociación fue el intento oficial de recortar la cuota solidaria que sostiene a las organizaciones gremiales. Al respecto, Armando Cavalieri fue tajante: «Con esa excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos”.
El dirigente recordó que la Justicia Federal ya había suspendido los artículos de la Ley de Modernización Laboral que afectaban este financiamiento, garantizando que las empresas deben continuar con la retención y depósito de dichas contribuciones.
Sobre el acuerdo en general, Cavalieri señaló:
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“Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.
Aporte a la obra social y revisión
Para sostener el sistema de salud de OSECAC, las partes acordaron una contribución adicional a cargo de los empleadores de $28.000 mensuales por cada trabajador encuadrado en el CCT 130/75.
Aunque el convenio tiene vigencia técnica hasta marzo de 2031, existe un compromiso formal de reunirse en junio de este año para analizar el impacto de la inflación y evaluar si es necesario ajustar las escalas pactadas ante las variaciones económicas actuales.
