Tras una intensa jornada en el Senado, el oficialismo consiguió los votos necesarios para sancionar la «modernización» laboral luego de que se convirtiera en ley la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El proyecto, que contó con el apoyo de sectores aliados, modifica indemnizaciones, convenios colectivos y regímenes para Pymes.
En una sesión marcada por el debate técnico y las protestas en las afueras del Congreso, el Senado convirtió en ley la reforma laboral con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. La noticia fue recibida con festejos por parte del bloque de La Libertad Avanza, encabezado en la Cámara Alta por Patricia Bullrich, quien fue pieza clave en las negociaciones.
La aprobación llega apenas después de otra ley de alto impacto: la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, consolidando una semana de hitos legislativos para la gestión de Javier Milei.
Los puntos centrales de la nueva ley
La normativa aprobada introduce cambios estructurales en el mundo del trabajo. Entre lo más destacado aparece:
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Fondo de Asistencia Laboral: Se crea un nuevo sistema para el pago de indemnizaciones, buscando dar mayor previsibilidad a las empresas ante eventuales despidos.
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Incentivos a Pymes (RIMI): Se establece un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, apuntando a que las pequeñas y medianas empresas —principales generadoras de empleo— tengan beneficios para contratar.
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Convenios Colectivos: Se suprime la «ultraactividad», lo que obliga a renovar y actualizar los estatutos profesionales que, según el oficialismo, habían quedado obsoletos.
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Derecho a huelga y tutelas: La ley incluye restricciones en las tutelas sindicales y limitaciones en el ejercicio del derecho a huelga.
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El artículo de la polémica: Finalmente, se ratificó la eliminación del artículo 44 (que venía de Diputados), el cual pretendía reducir a la mitad el sueldo de empleados con licencia por accidentes o enfermedades graves.
Voces a favor y en contra
Desde el oficialismo, el senador Juan Cruz Godoy defendió la norma asegurando que «evitará la alta litigiosidad» y que es una propuesta mejorada tras meses de debate. Por su parte, Patricia Bullrich cerró el debate afirmando que la ley busca terminar con la informalidad: «Queremos que los derechos de los trabajadores no sean propiedad de una casta».
Desde la oposición, el rechazo fue tajante. Senadores del bloque Justicialista, como Mariano Recalde y Ana Marks, calificaron la ley de «monstruosa» y «esclavista», advirtiendo que, lejos de modernizar, lo que se logra es una «precarización» de los derechos alcanzados. En la misma línea, Jorge Capitanich alertó que la reforma podría funcionar como un «subsidio para que aumente la tasa de desempleo».
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