La Justicia de La Plata dio un paso clave en la causa que sacude a la Legislatura provincial. Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente, continuarán detenidos bajo la acusación de liderar una estructura coercitiva donde se cometían abusos sexuales, incluso dentro de los despachos de la Cámara Alta.
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Juan Pablo Massi, tras el pedido de la fiscal Betina Lacki. La fiscalía no solo logró mantener la detención de la pareja (capturada el pasado 29 de diciembre), sino que amplió la imputación debido a la aparición de nuevas víctimas y pruebas contundentes.
Un entramado de sumisión y «guías espirituales»
La investigación revela una dinámica propia de una secta. Bajo la denominación de “Orden de la Luz”, Rodríguez se presentaba como una figura mesiánica bajo el alias de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz actuaba como «guía» o «sensei». Lejos de ser hechos aislados, el dictamen judicial describe una organización planificada para anular la voluntad de las víctimas.
Los puntos clave del horror:
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Captación: Las jóvenes eran contactadas en ámbitos académicos o bajo promesas de pasantías legislativas.
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Ritos de castigo: Los testimonios coinciden en la existencia de violencia física, como laceraciones y caminatas sobre fuego, para quebrar la resistencia psicológica.
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El rol de Silva Muñoz: La imputación remarca que la mujer era una pieza fundamental para captar a las víctimas y entregarlas al entramado de abusos, en lugar de protegerlas.
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Abusos en el Senado: La fiscalía detectó que los delitos no solo ocurrían en ámbitos privados, sino también en despachos oficiales de la Cámara Alta.
La mira puesta en el encubrimiento
Actualmente, el expediente cuenta con cuatro víctimas formales (dos de una causa de 2019 y dos incorporadas este año), aunque los investigadores sospechan que el número real es muy superior.
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La calificación legal es gravísima: abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.
Ahora, el foco de la Justicia se extiende hacia arriba. Se investiga si existió una red de encubrimiento por parte de funcionarios de mayor jerarquía dentro de la Legislatura que permitieron que esta estructura funcionara impunemente durante años bajo el amparo de los despachos públicos.
