Por: Débora Lacasa
Este febrero nos sorprende con una nueva embestida contra las instituciones, esta vez le toca al poder judicial. Considero que estamos transitando por un escenario muy peligroso para el Estado de derecho en la región, donde hay tendencias populistas que intentan minar las garantías constitucionales poniéndose en el lugar de víctimas, donde claramente, no lo están. Por eso para asegurar la democracia en el continente, una de las tareas más urgentes es fortalecer la independencia judicial.
Los argumentos con los cuales se convoca a la marcha del 1 de febrero es la necesidad de la democratización de la Justicia, la renuncia de esta Corte y el fin de lawfare. Vemos claramente que se trata de una demostración de fuerza y presión política por parte de los convocantes ya que nada de los solicitado se presenta como posible, solo el intento de instalar ideas manipulando la verdad y ocultar enormes actos de irresponsabilidad.
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La forma de remover los jueces de la Corte suprema está establecida en la Constitución Nacional en los artículos 52, 59 y 60; claramente no depende de la voluntad y antojo de un grupo de personas a las cuales no les gusta las decisiones que toma por que perjudica a sus jefes políticos. Por otro lado, un país serio debe respetar la separación de los tres poderes, principio de todo sistema republicano, junto al de la soberanía del pueblo, la igualdad ante la ley y la necesidad de una Constitución.
A su vez esgrimen al argumento del Lawfare. Esta expresión se suele utilizar para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos. El Dr. Maximilano Rusconi explica en una nota que para que el concepto tenga valor práctico se requieren tres actores: “El amigo oficialista que detenta el poder, el enemigo opositor al cual se le declara la guerra judicial y, por último, quienes conducen el emprendimiento bélico a favor del poder de turno, quienes ofrecen el alejamiento judicial de las normas como proyectiles (algunos miembros del sistema judicial)”.
Pero acá lo que podemos observar es que las primeras causas judiciales contra el kirchnerismo se iniciaron en el mandato de Cristina Fernández, mal podemos decir que era una opositora si justamente era la titular del poder ejecutivo nacional. Esto muestra a las claras que no se trata, como se define al “Lawfare” – la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra- sino de investigaciones por delitos cometidos por presuntos delincuentes que cometieron delitos comunes. Como tantos casos de presos que son denominados “presos políticos” y en realidad no son más que políticos presos por haber cometido delitos.
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Sabemos de la debilidad general de las instituciones, producto de una serie de factores, entre ellos, la desigualdad estructural que viven desde hace siglos los argentinos, que les hace difícil creer en la Justicia y su independencia. Más aún cuando no todos parecen entender de igual forma los límites que impone la división de poderes, pero eso no nos debe llevar a claudicar sino todo lo contrario, a luchar por mejorar la calidad de las instituciones, la independencia de los poderes, mejorar la Justicia, movilizarnos como ciudadanos para defender nuestra República.
