El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, oficializó mediante un decreto la medida que otorga prioridad a los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el acceso a servicios públicos, con especial énfasis en el sistema de salud. La decisión profundiza la tensión política con la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Los puntos clave del decreto
La normativa establece que el domicilio en CABA será el criterio principal para la asignación de turnos, cupos y prestaciones en todas las áreas de la administración pública local. Según el Ejecutivo porteño:
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Se aplicará en áreas centralizadas y descentralizadas.
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Busca reducir la demanda de ciudadanos provenientes del Conurbano que utilizan la infraestructura porteña.
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Cada área implementará la prioridad de acuerdo a la naturaleza del servicio.
Declaraciones y cruce político
A través de sus redes sociales, Macri fue tajante al justificar la medida: “Durante años, la Ciudad se hizo cargo de lo que otros no hacen. La incompetencia del otro lado de la General Paz la pagaban los porteños con sus impuestos. Se terminó”.
Desde la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, si bien no hubo una respuesta oficial inmediata, se deslizaron críticas informales que minimizan el anuncio, sugiriendo que se trata de una estrategia mediática recurrente.
Conflictos precedentes
Esta medida es el capítulo más reciente de una serie de reclamos de la Ciudad hacia la Provincia, entre los que destacan:
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Deuda por asistencia social: El reclamo de $27.000 millones por la atención a personas en situación de calle.
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Seguridad y «Conurbanización»: Cruces dialécticos sobre la gestión del delito y el flujo de personas entre jurisdicciones.
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Saturación sanitaria: El debate histórico sobre el financiamiento de los hospitales públicos de la Capital, que reciben diariamente a miles de pacientes bonaerenses.
El debate legal
Especialistas advierten que la restricción o diferenciación en el acceso a la salud pública podría enfrentar desafíos judiciales, ante la posibilidad de que la medida colisione con preceptos constitucionales referidos a la no discriminación y el derecho universal a la salud.




