La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal y solicitó al juez Ariel Lijo una batería de doce medidas de prueba para determinar si existe un incremento patrimonial no justificado por parte del funcionario.
La causa, que se encuentra en su etapa inicial, busca reconstruir la situación financiera de Adorni y su entorno cercano. Entre los puntos bajo la lupa se encuentran viajes al exterior, propiedades no declaradas y presuntas inconsistencias en sus declaraciones públicas.
Las medidas solicitadas por la Fiscalía
El requerimiento de Pollicita apunta a recolectar información detallada de diversos organismos para contrastar los activos del funcionario con sus ingresos declarados. Los pedidos incluyen:
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Informes registrales: Se solicitaron datos a los registros de la propiedad de la Provincia de Buenos Aires y CABA sobre bienes a nombre de Adorni y su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
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Country Indio Cuá: El fiscal pidió informes a la administración de este complejo en Exaltación de la Cruz (Ruta 6, km 173) para precisar quién figura como titular de las expensas y cuotas.
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Declaraciones Juradas: Se requirió a la Oficina Anticorrupción las copias certificadas de las declaraciones de los ejercicios 2022 a 2025, incluyendo anexos reservados.
Foco en viajes y movimientos financieros
La investigación también pone la mira en los movimientos migratorios. Se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones el detalle de todos los ingresos y egresos del país de la pareja desde enero de 2022, con especial atención a viajes realizados a Estados Unidos y Punta del Este.
Asimismo, se libraron oficios a:
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ANSES: Para conocer movimientos laborales y previsionales.
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Registros de Buques y Aeronaves: Para verificar la posible titularidad de embarcaciones o motores aeronáuticos.
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Préstamos familiares: Se investigará la veracidad de los créditos mencionados en la denuncia original como origen de parte de sus fondos.
La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo luego de que la jueza María Servini se inhibiera, unificando así diferentes presentaciones que cuestionaban la evolución patrimonial del ahora Jefe de Gabinete y exvocero presidencial.
