El Juez Diego Amarante dictó el procesamiento del presidente de la entidad y del tesorero Pablo Toviggino. Se los investiga por la apropiación de más de $19.000 millones en aportes. Dictaron un embargo de $350 millones y les prohibieron salir del país.
En una resolución de más de 140 páginas que sacude los cimientos del fútbol argentino, la Justicia en lo Penal Económico procesó este lunes a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida alcanza a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa que investiga la presunta retención indebida de impuestos y aportes de seguridad social por una cifra superior a los $19.000 millones entre los años 2024 y 2025.
El fallo del juez Diego Amarante también involucra al secretario general Cristian Malaspina y a los exdirectivos Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. A todos se los considera responsables prima facie del delito de apropiación indebida de tributos, agravado por la estructura organizativa de la entidad.
Embargos y restricciones
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de $350 millones sobre los bienes de la AFA y sobre el patrimonio personal de Tapia y Toviggino. Aunque no se dictó la prisión preventiva, ambos dirigentes enfrentan severas restricciones:
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Prohibición de salida del país (lo que pone en duda la presencia de Tapia en el próximo Mundial).
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Obligación de presentarse ante cada citación judicial.
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Prohibición de ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización previa.
Los fundamentos del Juez
Para la Justicia, existen pruebas suficientes de que tanto Tapia como Toviggino tuvieron una «intervención material y culpable» en las maniobras. El juez destacó que la AFA contaba con ingresos significativos de sponsors durante los períodos de incumplimiento, lo que demuestra que la entidad tenía los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones fiscales pero decidió no hacerlo.
En el caso de Toviggino, el fallo subraya que su firma aparece en la totalidad de los cheques de la institución, lo que le otorgaba un control directo y total sobre los movimientos financieros. Por su parte, el magistrado remarcó que Tapia, como representante legal, tenía pleno conocimiento de los incumplimientos reiterados.
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Futuro incierto
El delito se configura por no haber ingresado los montos retenidos dentro de los 30 días que establece la ley, independientemente de si la deuda se regularizó más tarde. Si la Cámara Nacional en lo Penal Económico confirma esta decisión tras las apelaciones, la causa avanzará rápidamente hacia un juicio oral.
Por el momento, la agenda internacional del titular de la AFA queda supeditada a las autorizaciones judiciales, bajo el criterio del juzgado de que sus viajes al exterior no resultan imprescindibles para el funcionamiento de la entidad madre del fútbol nacional.
