El Gobierno nacional oficializó este lunes el pago de un bono extraordinario destinado al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, así como a efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida quedó plasmada en los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados en el Boletín Oficial.
La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo principal es reforzar los ingresos del sector y garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación que exige el servicio.
Quiénes cobran el beneficio
De acuerdo con lo establecido en los decretos, el pago extraordinario se divide en dos grandes grupos:
- Decreto 695/2026 (Fuerzas Armadas y Defensa):
- Personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas.
- Personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales.
- Personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
- Decreto 696/2026 (Seguridad y Fuerzas Federales):
- Personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (incluidos los alumnos).
- Personal en actividad de la Prefectura Naval Argentina.
- Personal en actividad de la Policía Federal Argentina.
- Personal en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (incluidos los alumnos).
- Personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal (incluidos los alumnos).
- Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.
Monto y modalidad de pago
La suma fija establecida es de $50.000 por persona y se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.
Desde el Gobierno aclararon que se trata de un concepto remunerativo pero no bonificable, de carácter excepcional. Al tratarse de un pago extraordinario, no se incorpora al salario básico ni modifica las escalas salariales vigentes, funcionando estrictamente como un refuerzo económico para los agentes.
En los considerandos de los decretos, el Poder Ejecutivo argumentó que la decisión se enmarca dentro de la política de actualización de ingresos aplicada durante 2026, con la meta central de preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones del personal militar y de seguridad frente al contexto actual.