El Gobierno nacional eliminó el sistema de control estatal que regulaba las matrículas y cuotas de los colegios privados desde hace 30 años (Decreto 2417/1993), una decisión que podría impactar en el ciclo lectivo 2026.
A través del Decreto 787/2025, publicado este martes, se elimina la obligación de los institutos de enseñanza privada de informar y obtener autorización previa del Estado para modificar sus aranceles. En la práctica, esto otorga a los colegios libertad para fijar sus precios.
Argumentos Oficiales:
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- La norma derogada se consideraba obsoleta, ya que imponía limitaciones que dificultaban la adaptación de las escuelas a la realidad económica y educativa actual.
- El Gobierno argumenta que la intervención estatal generaba efectos «contraproducentes» al limitar la capacidad de los colegios para ajustar costos (salarios, insumos) y, por ende, podría afectar la calidad educativa.
- Se defiende la libertad de los establecimientos privados para fijar sus condiciones de contratación y salarios, en un marco de defensa del derecho de propiedad.
Importante: La medida podría no aplicarse de inmediato en la Provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno bonaerense mantiene la potestad de avalar los aumentos de aranceles.
