La causa penal que investiga la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la esposa del ministro Federico Sturzenegger, sumó este jueves nuevos elementos probatorios. Los denunciantes sostienen que hubo maniobras para favorecer a la entidad y ocultar documentación pública.
Los 4 nuevos puntos de la denuncia
Los abogados de la organización Reset Republicano presentaron una ampliación ante la Justicia basada en una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas. Los ejes principales son:
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Ocultamiento de archivos: Denuncian que en la web pública de Cancillería «faltan» pasos del expediente que sí figuran en el sistema interno del Estado. Entre ellos, comunicaciones con la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
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Aumento de cupos sospechoso: Señalan que en 2025 solo 10 agentes tomaron los cursos, pero para 2026 el contrato se elevó a 132 cupos. Advierten que el costo por alumno se dispara si no se llena esa matrícula, perjudicando las arcas públicas.
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Dudas sobre la «exclusividad»: La AACI se presentó como el único «Centro Platino» de Cambridge en Buenos Aires para justificar la contratación directa. La denuncia sostiene que este antecedente sería falso, ya que existirían otras instituciones con el mismo estatus.
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Carga tardía de datos: Afirman que la contratación no figuraba en el buscador de la Oficina Anticorrupción hasta hace apenas unos días, por lo que piden una pericia técnica para saber cuándo se cargó realmente la información.
La lupa sobre el Ministro
El escrito judicial es contundente al señalar que estas irregularidades podrían demostrar un «favoritismo» hacia la entidad que preside María Josefina Rouillet, esposa del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
El encuadre legal apunta a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contemplados en los artículos 248 y 265 del Código Penal.
El dato clave
La Justicia deberá determinar ahora si la estructura de la contratación fue diseñada a medida para la AACI o si cumplió con los pasos legales de transparencia que exige el Decreto 202/2017 para evitar conflictos de intereses con familiares de funcionarios nacionales.
