Con 137 votos a favor, el oficialismo y bloques aliados lograron convertir en ley la modificación de la normativa de 2010. La reforma busca acotar las áreas de protección para destrabar inversiones mineras por 20.000 millones de dólares.
El resultado de la votación
Tras obtener media sanción en el Senado, la Cámara Baja ratificó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. El tablero marcó 137 votos positivos, 111 negativos y 3 abstenciones.
La Libertad Avanza contó con el respaldo clave del PRO, la UCR e Innovación Federal, además de legisladores de provincias con intereses mineros como San Juan y Catamarca. Incluso, el oficialismo logró captar dos votos de Unión por la Patria (los sanjuaninos Andino y Chica), rompiendo la hegemonía opositora en ese bloque.
¿Qué cambia con la nueva ley?
El punto central de la reforma es la flexibilidad en la protección de los suelos. Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 brindaba una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial.
Con los nuevos cambios:
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Revisión del Inventario: La protección estricta regirá solo sobre los cuerpos de hielo que tengan una función hídrica comprobada científicamente.
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Poder Provincial: Las provincias tendrán la autoridad final para realizar estudios técnicos y determinar qué zonas son reservas estratégicas de agua y cuáles no.
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Habilitación Productiva: Aquellas áreas que queden fuera del inventario (por considerarse que no afectan el recurso hídrico) podrán recibir proyectos de explotación minera, hasta hoy prohibidos.
Cruce de argumentos: Producción vs. Medio Ambiente
El debate en el recinto fue polarizado:
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Desde el oficialismo: Aseguran que la provisión de agua no corre peligro y que la ley actual era «un freno al desarrollo» que impedía inversiones millonarias.
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Desde la oposición: Referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la mayoría de Unión por la Patria advirtieron que la reforma es «regresiva e inconstitucional». Argumentan que se priorizan los intereses de las empresas mineras sobre la conservación de recursos estratégicos, lo que podría derivar en una fuerte judicialización de la ley.
Con esta sanción, el Gobierno nacional espera motorizar desembolsos que rondan los US$ 20.000 millones, otorgando a las provincias el control directo sobre sus recursos naturales.
