La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir su condena en prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo. La decisión fue notificada este martes por el juez Jorge Gorini, quien impuso una serie de condiciones para el cumplimiento de la pena.
Una de las principales medidas dispuestas por el magistrado es la obligatoriedad de que la exmandataria utilice una tobillera electrónica, un punto que había generado resistencia por parte de la defensa debido a la custodia permanente con la que cuenta Fernández de Kirchner.
Además, el tribunal solicitó a la expresidenta que en un plazo de 48 horas presente una lista detallada de las personas autorizadas para ingresar a su domicilio de San José 1111. Esta nómina deberá incluir a su grupo familiar, personal de custodia policial, profesionales médicos que la traten asiduamente y sus abogados. Cualquier otra persona no incluida en este listado requerirá de autorización judicial previa y justificada para su acceso. Se estima que esta medida será de carácter temporal.
Entre las condiciones impuestas, se especificó que Fernández de Kirchner deberá permanecer en el domicilio fijado, con la única excepción de situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas. Asimismo, se le exigió abstenerse de «adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes».
A pesar de estas restricciones, la exmandataria tendrá permitido el acceso al balcón de su vivienda y plena participación en redes sociales. No obstante, no deberá concurrir a los tribunales de Comodoro Py como pretendieron los fiscales.
Esta resolución del juez Gorini se produce luego de que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieran al pedido de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, argumentando que la defensa no había presentado motivos de salud que justificaran la medida y que la edad (72 años) no era un impedimento para el cumplimiento de la pena en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal. Los fiscales habían citado un informe técnico en el que la propia expresidenta había señalado encontrarse en «buen estado de salud». De forma subsidiaria, Luciani y Mola habían solicitado la utilización de la tobillera electrónica en caso de que se otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria.
