En un avance clave para la gestión hídrica y tras años de reclamos en cuencas sensibles como la del Río Luján, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo sistema para detectar y sancionar obras hidráulicas irregulares. La medida, oficializada este jueves por el ministro Gabriel Katopodis, busca terminar con los canales rurales no declarados que aceleran el escurrimiento hacia los cascos urbanos.
Para Mercedes, esta normativa representa una herramienta fundamental. Durante años, los canales clandestinos en campos de la zona han sido señalados como factores que agravan las inundaciones al volcar caudales de agua de lluvia de forma descontrolada hacia el afluente principal.
De todas maneras, sorprende se de a conocer este cambio como paradigmático, cuando son cuestiones que se deberían haber afrontado desde siempre. O al menos, desde hace mucho.
Tecnología satelital y denuncias digitales
La nueva Resolución 46/26 reemplaza normativas de más de 20 años y moderniza el control a través de dos ejes principales:
-
Detección por satélite: A diferencia del sistema anterior, que dependía de la inspección terrestre (muchas veces dificultada por el acceso a los predios), ahora la Autoridad del Agua (ADA) podrá utilizar imágenes satelitales en tiempo real para certificar la existencia de obras ilegales.
-
Participación ciudadana: Se habilitará un formulario electrónico en la web de la ADA para que cualquier vecino pueda denunciar obras sospechosas de manera ágil.
Multas y obligación de readecuación
El procedimiento establece que, una vez detectada la irregularidad, el propietario tendrá apenas 5 días para presentar un descargo. De no poder probar la legalidad de la obra, enfrentará las siguientes consecuencias:
-
Sanciones económicas: Multas por transgresión a la Ley 12.257.
-
Restitución del terreno: Si la obra afecta al Sistema Hidráulico Provincial, el infractor será intimado a desactivar el canal y devolver el suelo a su estado original bajo su propio costo.
Un cambio de paradigma en el control hídrico
Desde el Ministerio de Infraestructura destacaron que estas «herramientas modernas y eficaces» permitirán actuar de oficio no solo a la ADA, sino también a los municipios y a la Dirección de Hidráulica.
Con este nuevo marco legal, se espera que el control sobre los canales que desaguan en la cuenca del Luján sea mucho más riguroso, reduciendo el riesgo hídrico que históricamente ha afectado a las zonas más bajas de nuestra ciudad.
