Los sindicatos consideraron «insuficiente» el aumento propuesto por el Ejecutivo provincial. Además del porcentaje, exigen el pase a planta permanente, recategorizaciones y mesas técnicas para diversos sectores.
Los gremios estatales de la provincia de Buenos Aires plantaron bandera y rechazaron de manera conjunta la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno bonaerense en el marco de las paritarias de la Ley 10.430. Para las organizaciones sindicales, la oferta oficial no solo se queda corta frente a la inflación, sino que no resuelve demandas laborales que vienen de arrastre.
El detalle de la oferta
Según explicaron desde la UPCN Buenos Aires (UPCNBA), la Provincia ofreció un aumento del 3% para febrero. Sin embargo, advirtieron que, en términos reales y tras las últimas liquidaciones, el incremento efectivo representa apenas un 1,5%.
«El porcentaje es insuficiente. No hay avances en el pase a planta permanente de trabajadores precarizados ni en las recategorizaciones», señalaron desde el gremio.
Ante la falta de acuerdo y la cercanía del cierre de liquidación de haberes, UPCNBA solicitó que, como mínimo, se garantice el cobro del 1,5% percibido el mes anterior para evitar que los trabajadores sufran una reducción nominal en sus bolsillos mientras siguen negociando.
Un reclamo unificado
Por su parte, ATE Bonaerense se sumó al rechazo exigiendo que cualquier suba salarial supere los índices inflacionarios. El sindicato puso el foco en la estabilidad laboral, reclamando:
-
Pase a planta permanente de trabajadores estatales.
-
Regularización de becarios.
-
Nueva normativa para auxiliares de la educación.
-
Continuidad de la mesa de carrera administrativa.
Desde la FEGEPPBA (Federación de Gremios Estatales y Particulares) confirmaron que el rechazo es total y solicitaron al Poder Ejecutivo un «mayor esfuerzo presupuestario» para llegar a un acuerdo que contemple las necesidades reales de los empleados públicos.
¿Cómo sigue la negociación?
Tras este «no» unánime del frente sindical, la pelota vuelve al campo de la gestión provincial, que deberá decidir si convoca a una nueva mesa técnica con una oferta superadora o si el conflicto escala hacia medidas de fuerza en las diversas áreas del sector público.
