El Ejecutivo nacional puso en marcha el Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO), una herramienta tecnológica que se acoplará a la tarjeta SUBE para fiscalizar las unidades en tiempo real. La medida impacta de manera directa en los servicios de jurisdicción nacional, como la línea 57, y busca poner fin a las irregularidades en frecuencias y recorridos.
La Secretaría de Transporte —dependiente del Ministerio de Economía— oficializó una renovación tecnológica profunda en el control del transporte automotor. El nuevo sistema, denominado SIGO (Sistema Integral de Gestión Operativa), fue diseñado para centralizar y optimizar la información operativa que utilizan tanto el Estado como las empresas prestadoras, dejando atrás el modelo vigente desde 2019.
Un cambio «detrás de escena»: cómo afectará a los usuarios
Desde el Gobierno aclararon que la implementación del SIGO no generará ningún cambio para los pasajeros: la forma de viajar y el uso de la tarjeta SUBE se mantienen intactos.
El nuevo sistema opera de manera interna, complementándose con los datos de la SUBE para generar información oficial de alta precisión. Mientras que Nación Servicios S.A. continúa como operador tecnológico, la administración y autorización del acceso a estos datos recaerá sobre la Dirección Nacional de Implementación y Seguimiento del Sistema SUBE.
El fin de las irregularidades y el control de la CNRT
La creación de este nuevo esquema de fiscalización responde a informes técnicos que detectaron múltiples deficiencias en el modelo anterior, tales como el incumplimiento de los recorridos autorizados y fallas operativas en la apertura y cierre de servicios en las cabeceras.
Con la puesta en marcha del SIGO, las empresas prestatarias están obligadas a mantener actualizada en tiempo real toda la información vinculada a paradas, trayectos y horarios. Estos datos serán cruzados y verificados rigurosamente por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Régimen de «Buenas Prácticas» y etapa de prueba
Para garantizar una transición ordenada, la normativa establece un régimen de Buenas Prácticas Operativas que contempla una primera etapa de adaptación:
- Periodo de gracia (primeros dos meses): Funcionará bajo una modalidad de «fiscalización educativa». Las empresas recibirán informes mensuales con observaciones, pero sin penalizaciones inmediatas.
- Sanciones: Una vez superado este plazo inicial, cualquier desvío en las pautas operativas dará lugar a las sanciones previstas por la normativa vigente.
Con esta herramienta, la Secretaría de Transporte y la CNRT buscan contar con datos precisos y reales para planificadores, fiscalizadores y hacedores de políticas públicas, apuntando a una optimización integral del servicio.