La tan sonada causa De Gruttola, parece haber entrado en la etapa final y según se desprende, sería apenas un puñado de personas que lograrían recuperar algo del dinero puesto. Más de 500 acreedores habrían perdido la posibilidad de reclamo.
El año pasado causó una verdadera conmoción en Mercedes y alrededores el llamado caso De Gruttola, ocasionado a partir del fallecimiento del conocido comerciante de avenida 2. En esa época, el propio Néstor De Gruttola había recibido dinero en préstamo de una gran cantidad de mercedinos y gente de ciudades vecinas. Razón por la cual tuvo gran trascendencia en los medios nacionales, tanto escritos como televisivos.
Pasó el tiempo del negocio cerrado. El comercio volvió a abrir sus puertas con normalidad desde hace ya bastante tiempo.
Como consecuencia de los reclamos formulados por los distintos acreedores, expresados de distintas maneras, la señora, viuda del extinto comerciante, Claudia Parodi, decidió presentarse en concurso de acreedores, a fin que éstos se presentaran a reclamar sus créditos. El mismo se tramita ante el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial número 8.
El trámite comenzó con la designación de un síndico, ante quien, según la ley concursal, tienen que presentarse los acreedores reclamando y acreditando el crédito invocado, técnicamente «verificar sus créditos».
Se presentaron ante el citado funcionario del concurso, 581 acreedores, por un valor total de US$ 10.760.000 y $ 421.000.000, quien al presentar su informe, aconsejó que se aceptaran los mismos, en casi su totalidad, por considerar que con la documentación acompañada (pagarés y contratos mutuos) se encontraba acreditada, en principio, la verosimilitud de los reclamos.
Ante esto, la concursada, haciendo uso de una facultad legal, manifestó que no le constaba que las firmas insertas en tales documentos, atribuidas a su marido, fueran auténticas. Por lo que el juzgado, contrariamente a lo dictaminado por el Síndico, dictó una Resolución declarando inadmisibles prácticamente la casi totalidad de los créditos, verificando sólo 10 o 12, entre los que se encuentran los de los organismos recaudadores de impuestos.
Así las cosas, solo les quedaba a los acreedores promover dentro de los 30 días lo que se llama «incidente de revisión», que implica para los reclamantes incurrir en importantes gastos en concepto de tasa de justicia, sobretasa, honorarios del abogado, y sobre todo los de los peritos calígrafos que se designen en cada uno de sus trámites, además de los gastos de sellado de los documentos presentados.
Seguramente por ello, aproximadamente solo un 10% iniciaron tales incidentes, por lo que más de 500 acreedores habrían perdido toda posibilidad de reclamar su dinero.
