Diputados nacionales denunciaron un presunto esquema de corrupción y estafa vinculado a la criptomoneda que promocionó el Presidente en 2025. Desde el Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques defendió al mandatario y calificó de «imprudente» atribuir delitos sin una imputación firme.
El clima político volvió a tensarse tras una conferencia de prensa de legisladores de la oposición, quienes relanzaron las acusaciones contra el presidente Javier Milei y su entorno más cercano por el denominado «Caso $LIBRA». La disputa escaló luego de que trascendieran chats y supuestos contratos que vincularían la promoción del token con beneficios económicos.
Las acusaciones: «Información privilegiada y estafa»
Durante el encuentro con la prensa, los diputados nacionales, entre ellos la mercedina Sabrina Selva y Maximiliano Ferraro, hicieron foco en la «sincronización perfecta» entre la creación de la criptomoneda y el tuit presidencial de febrero de 2025.
Según detalló Selva, existen registros que muestran que el token fue creado apenas minutos antes de que Milei lo promocionara en la red social X, lo que sugeriría el uso de información privilegiada. «No era un casino: Milei promocionó Libra como un proyecto de inversión para las pymes», cuestionó la legisladora.
Por su parte, Ferraro calificó el hecho como una «estafa y un hecho de corrupción millonario». La oposición adelantó que pedirá informes para que el Presidente, Karina Milei y otros funcionarios como Santiago Caputo y Manuel Adorni den explicaciones en el Congreso. Además, solicitaron el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano por presunto encubrimiento.
La respuesta del Gobierno: «Dejen trabajar a la Justicia»
Frente a la embestida legislativa, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, salió al cruce y defendió la figura presidencial. El funcionario consideró «imprudente» hablar de culpabilidades cuando ni siquiera existe una imputación formal.
«El único funcionario que tiene facultades para imputar a alguien es un fiscal», remarcó Mahiques en declaraciones televisivas, enfatizando que la determinación de responsabilidades penales es facultad exclusiva del Poder Judicial.
El ministro también puso en duda la veracidad de las filtraciones periodísticas que mencionan un contrato de 5 millones de dólares para la promoción del activo digital. «No hay absolutamente ninguna prueba que acredite que eso es cierto», aseguró, sugiriendo que la difusión de archivos del expediente podría haber vulnerado la cadena de custodia y que estos podrían haber sido adulterados.
Escenario judicial
Actualmente existen dos investigaciones en curso: una principal por el manejo de la criptomoneda y otra paralela por la filtración de información reservada de la Procuración General de la Nación. Mientras la oposición analiza incluso el pedido de juicio político, desde el Ejecutivo insisten en que se debe esperar a que la Justicia dicte una sentencia firme antes de emitir juicios de valor.
